San Jose de Gracia

La historia de la cabecera municipal de San José de Gracia ha sido de más bajas que de altas. Tradicionalmente alejado del contexto económico y hasta político de Aguascalientes, y eternamente relegado de las prebendas económicas que disfrutan otros municipios, San José de Gracia ha visto transcurrir su historia con una cicatriz que no ha sanado: el asalto de las aguas de la Presa Plutarco Elías Calles a sus casas y a su largo peregrinar por encontrar la 'justicia revolucionaria' que hasta ahora no ha llegado. La compraventa de los predios comprometidos se realizó en 1713, con el compromiso de varias personas de pagar 300 pesos a la corona española por medio del Virreinato de la Nueva Galicia. El pago se efectuó de manera diferida entre los años 1713, 1714 y 1715, quedando saldada esta deuda. Sin embargo, fue hasta el día 15 de octubre de 1754, cuando luego de que los naturales sostuvieran un juicio ante el Virreinato de la Nueva Galicia, se lograse la emisión del título de propiedad de las tierras compradas desde 1715. El profesor Pedro Pablo Rodríguez, vecino del lugar, tiene en su poder una copia original del título de propiedad de bienes comunales, con fecha de noviembre 27 de 1899 (ANEXO 1). El documento proviene de la oficina del Lic. Victoriano Salado Álvarez, en la ciudad de Guadalajara, ya que en ese tiempo estos terrenos pertenecían al Virreinato de la Nueva Galicia. El original del documento obra en poder del Sr. Vicente Ventura Trinidad, quien también vive en San José de Gracia. Este documento histórico ampara la compra y posesión de los terrenos, que es la conclusión de los conflictos vecinales que se habían desarrollado a partir de 1715, al no contarse con documentos oficiales que avalaran la adquisición de los terrenos. Se describe todo el proceso del juicio y la legal adjudicación de los terrenos, que son tres sitios de ganado mayor, que significaban 9,000 hectáreas, aproximadamente, aunque el documento especifica que la propiedad ampara 7,488 hectáreas Sin embargo, sucede la ya tan documentada y discutida construcción de la Presa Plutarco Elías Calles, y sin existir decreto de expropiación de por medio, los habitantes de San José de Gracia se vieron obligados a evacuar su pueblo en 1928, ante la inminente subida de las aguas de la recién construida presa Calles. La magna obra termina por devorar 1,850 hectáreas de las tierras que los naturales del lugar habían comprado desde 1715. Con las prisas y el caos de salir del pueblo 'viejo', se extravía el título original de compra de los terrenos, aunque afortunadamente fueron encontrados y con los que los lugareños iniciaron en 1934 trámites para la expedición del decreto, y la consecuente indemnización, diez años después de la evacuación. Durante el tiempo del reparto agrario, el gobierno federal concede una dotación de tierras al ejido de San José de Gracia, pero ésta sólo contemplaba el equivalente a lo que abarcaba el trazo urbano del pueblo, haciendo a un lado el resto de los terrenos invadidos que, evidentemente eran una extensión de tierra muchísimo más amplia. Sin embargo, hubo visos de esperanza para los comuneros afectados, cuando el gobierno federal inició trámites para el pago de los terrenos invadidos con la disposición del Presidente de la Republica de ese tiempo, Abelardo L. Rodríguez. Se elaboran varias propuestas por parte del Departamento Agrario, pero el cambio de poderes de 1934 cerraron el paso a los trámites de los lugareños y las promesas del anterior presidente nunca se cumplieron. En la ciudad de México se exhibieron los originales que amparaban la adquisición de los terrenos invadidos, además de que la Sección de Paleografía de la oficina jurídica del Departamento Agrario declaró auténticos estos documentos el 16 de junio de 1949. Esta era la instancia previa para que la Secretaría de la Reforma Agraria resolviera el asunto a favor de los comuneros, pero otra vez no hubo nada. Posteriormente hay otra resolución, en el año de 1970, que reconoce 911 hectáreas adicionales. Y finalmente una tercera que reconoce 569 hectáreas en 1987. Aún así, no hubo mas que silencio por parte del gobierno de la República. Una segunda gestión se hizo en 1976, en donde se solicitó un pago muy por debajo del precio real de los terrenos invadidos, y que entra en el terreno de lo anecdótico: los comuneros pidieron al gobierno que les indemnizara los terrenos invadidos con sólo cinco tractores equipados. Aún así no hubo respuesta. En 1995, los descendientes de los comuneros afectados intentaron 'aparcelar' la rivera de la presa, por iniciativa de la representación comunal. En esta ocasión la autoridad sí reaccionó de inmediato, cuando la Comisión Nacional del Agua prohibió de manera tajante cualquier intento de los comuneros por 'cobrarse' la deuda de tierras. Sin embargo, el Ing. Martín Molina Ochoa, al conocer el detalle de el largo peregrinar de los habitantes de San José de Gracia, inicia gestiones ante las dependencias para comenzar con el tercer intento serio para que se indemnizara a los comuneros afectados por las obras de la Presa Calles. Sin embargo, la autoridad endureció aún más su postura, y en un revés que consternó a muchos, el Tribunal Agrario del Distrito de Riego número 1 resolvió en el año de 2002 que la restitución de las tierras afectadas era improcedente, absolviendo a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Comisión Nacional del Agua y a la Asociación de Usuarios Junta de Aguas del Distrito de Riego 01 (ANEXO 2). Sin embargo, este fallo fue revisado por el Tribunal Superior Agrario y encontró deficiencias suficientes en el expediente como para revocar, en 2004, la sentencia emitida por el TUA, ordenando la reposición del procedimiento y solicitando a la Secretaría de la Reforma Agraria que informase sobre el avance del procedimiento expropiatorio de la Presa Calles (ANEXO 3). Es a partir de este momento cuando el Diputado federal, Arturo Robles Aguilar, emprende una batalla a nombre de los descendientes de los 252 comuneros despojados de sus tierras legítimamente adquiridas, presentando puntos de acuerdo ante el pleno de la Cámara de Diputados, misma que ha solicitado en reiteradas ocasiones a la Secretaría de la Reforma Agraria y a la Procuraduría Agraria para que atiendan y resuelvan un problema que ya ha cumplido 77 años, desde aquel agosto de 1928 en el que los pobladores de San José de Gracia vieran cómo el agua comenzaba a cubrir lo que fueron sus casas, sus terrenos y sus vidas. México es un país de contradicciones y de anécdotas estrafalarias, y la aciaga aventura de los habitantes de San José de Gracia tiene la suya: cada año, de manera puntual y constante, los descendientes de los comuneros afectados pagan el impuesto predial de los terrenos que permanecen bajo el agua (ANEXO 4). (JAZC)

Web Video | November 29, 2005

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